Pero mas justo seria que se reduzcan los peajes en no menos de 74% a partir de ahora mismo. ¿Por qué 74%?  Porque ese es precisamente el porcentaje que llevaria la utilidad real de ICA al nivel de los   B/ 84,045,386 al concluirse el plazo del contrato.

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Cordiales saludos,


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Polémica en Punta Pacífica

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Advierten de posible inconstitucionalidad

El Colegio de Abogados declara que el proyecto urbanístico ‘‘contravendría la Constitución’’. Entretanto, la empresa constructora ICA sigue adelante con las ventas en la urbanizacin.

Miren Gutiérrez
De La Prensa

El debate sobre la legalidad del proyecto urbanístico Punta Pacífica –que planea construir Ingenieros Civiles Asociados (ICA) en la Bahía de Panamá– vuelve a la palestra con el pronunciamiento de inconstitucionalidad emitido por el Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

‘‘La apropiación privada [de Punta Pacífica] o cualquier comercialización, en provecho particular, contravendría la Constitución Política y las leyes de derecho público y privado’’, declaró el Colegio de Abogados en una carta fechada el 20 de octubre.

ICA planea construir la urbanización de lujo Punta Pacífica sobre 29 hectáreas en tierra firme (en lo que ahora es el aeropuerto de Paitilla) y 35 hectáreas de rellenos en el mar, todavía por realizarse.

La carta –que responde a una consulta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana– alude a los derechos de propiedad de la constructora ICA sobre los rellenos, que han sido cuestionados por varios abogados y expertos.

Por su parte, Lina Vega, portavoz de la Fundación, comentó que el bufete de abogados Rosas & Rosas practicó una acción exhibitoria sobre el proyecto y en estos momentos evalúa las pruebas a fin de estudiar cuál será la próxima acción.

Y mientras algunos abogados panameños ponen en entredicho la legalidad del proyecto, los promotores de la obra comenzaron la semana pasada los actos de aceptación de ofertas públicas para la venta de parcelas y lotes en Punta Pacífica.

Al mismo tiempo, sus abogados aseguran que todo es perfectamente legal.

La respuesta del Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados funda su respuesta sobre el artículo 255 de la Constitución Nacional, donde dice que ‘‘son de uso público y, por consiguiente no pueden ser objeto de apropiación privada:... el mar territorial... las playas y riberas de las mismas... Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común’’.

Asimismo, cita los artículos 329 y 332 del Código Civil.

‘‘Tanto la Constitución Política como el Código Civil –argumenta– son muy claros al establecer cuáles son los bienes de dominio público, lo que quiere decir que estos bienes no pueden ser objeto de apropiación privada, sino que únicamente podrían ser objeto de concesión administrativa en aquellos casos previos en leyes especiales’’.

‘‘En el caso que nos ocupa –continúa–, las playas y riberas de las mismas, y el lecho del mar territorial, evidentemente no pueden ser objeto de apropiación privada porque no son bienes que se pueden incorporar al patrimonio de persona alguna, y para efectos prácticos están fuera del comercio y son gobernados por normas administrativas relativas al ornato, la salubridad y la seguridad nacional o otros’’.

De todo ello, el Colegio de Abogados de Panamá deduce que ‘‘no pueden ser objeto de contrato las cosas que están fuera del comercio de los hombres, aún las futuras’’.

De la normativa aludida, que establece ‘‘la inembargabilidad de los bienes del Estado’’, se extraen las siguientes consecuencias:

a) Los bienes de uso público ‘‘están destinados a la satisfacción de las necesidades publicas’’.

b) ‘‘Son inalienables‘‘ y ‘‘no pueden ser enajenados’’.

c) ‘‘Son imprescribibles’’, es decir, ‘‘nadie [los] puede adquirir por usurpación’’.

d) ‘‘Son inembargables, porque no pueden ser objeto de apropiación privada’’.

El Colegio de Abogados finaliza su misiva diciendo que ‘‘resulta por lo expresado, preocupante la situación que se plantea’’.

‘‘Concretamente sobre los derechos de propiedad que la empresa promotora de la obra pueda detentar sobre lo que resulte del producto del relleno en el área de aproximadamente 35 hectáreas, en la Bahía de Panamá, porque a nuestro juicio, esa apropiación... contravendría la Constitución Política’’, concluye.

Comienzan las ventas...

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con el Colegio de Abogados. Y menos uno de sus ilustres miembros: Dídimo Ríos –de Galindo, Arias & López–, abogado de ICA, quien asegura que no hay nada que temer desde el punto de vista legal.

Un mecanismo legal conocido como ‘‘desafección permite que un bien de dominio público pierda su status’’, de forma que pueda ser enajenado, comercializado y vendido, aduce Ríos.

‘‘Ya ha habido fallos de las cortes en los que se ha llegado a esa conclusión’’, dijo el abogado de ICA en una presentación reciente.

‘‘El traspaso de estos terrenos en propiedad se fundamenta en el artículo 2 de la Ley 5 del 15 de abril de 1998, en la cual se establece la posibilidad de retribuir las inversiones sujetas al sistema de concesión administrativas [sic] mediante el traspaso de bienes de propiedad del Estado, incluyendo la facultad de rellenar dichos bienes, desafectándolos como bienes de uso público y convirtiéndolos en bienes patrimoniales suceptibles de ser enajenados’’, dice, por su parte, un documento preparado por ICA.

‘‘La Ley 56 de 1995, que regula la contratación pública, en su artículo 99 señala la posibilidad de que los bienes de uso público sean desafectados y, por tanto, se conviertan en bienes patrimoniales’’, dice.

Los bienes patrimoniales tienen un carácter privado, que los distingue de los bienes de dominio público, porque pueden ser comercializados y enajenados.

Según ICA, la Corte Suprema de Justicia emitió ya una sentencia el 5 de diciembre de 1997 en la que determina que ‘‘los rellenos que realizará ICA Panamá, S.A en los terrenos comprendidos entre el Aeropuerto Marcos A. Gelabert y el Centro de Convenciones ATLAPA, así como cualquier otro para la construcción del Corredor Sur han sido desafectados y convertidos de bienes públicos inadjudicables a bienes patrimoniales’’.

Ríos concluye, por tanto, que la transferencia de esas tierras en propiedad es ‘‘constitucional y legal’’.

Comienzan las ventas

Sea como sea, la venta ha comenzado, y hay personas y empresas que no se han dejado intimidar ni por los cuestionamientos legales ni por los peligros medioambientales que parece entrañar la obra (ver La Prensa del 21 de septiembre).

Nicolás Luis Trejo, director de ICA en Panamá, inicialmente comentó que la controversia no ha tenido un efecto en las ofertas de compra de los lotes del proyecto, aunque admitió que un par de personas preguntaron por los aspectos legales de la transferencia de propiedad.

Durante los tres primeros días de la semana se dio el proceso de pre calificación para las distintas parcelas y lotes de que consta el proyecto. Las ofertas que se recibieron fueron ‘‘una muestra muy clara de que ha habido mucho interés’’, comentó Trejo.

‘‘El lunes, para el Power Centre, hicieron propuestas Grupo 99, Ezra Attia, Laxeview Inc. y Commercial Center Developer. Para el Centro Comercial se presentaron las mismas empresas, excepto el Grupo 99, con la adición de Inmobiliaria de Centros Comerciales’’, dijo Trejo.

El martes se ofrecieron al público el centro de entretenimiento y el hotel, para los que no se recibieron ofertas. ‘‘Habrá que convocarlo nuevamente’’.

Finalmente, el miércoles se ofrecieron las parcelas 10, 11 y 12, que corresponden a los rellenos. ‘‘Para la número 11, que consta de 63 lotes, recibimos 23 ofertas; para el 12, con los mismos lotes, se recibieron 34 ofertas. Para la 10, no se recibieron ofertas’’, agregó.

Pero a renglón seguido, Trejo añadió que ‘‘la verdad es que esperábamos que tuviéramos mayor interés’’, algo que achacó a que ‘‘a lo mejor algunos no se enteraron’’.

De acuerdo con Trejo, las informaciones que han surgido a causa de las dudas sobre la legalidad del proyecto ‘‘dejaron inquieta a la gente’’, pero el ingeniero cree que ICA ha explicado suficientemente este asunto. ‘‘No hay duda de que todo se enmarca dentro de la legalidad’’.

‘‘Estamos evaluando las ofertas y vamos a calificar a las empresas que presentaron documentos el próximo 5 noviembre. 15 días después se admitirán ofertas económicas’’, informó Trejo. Los lotes que no recibieron ofertas serán puestos a subasta pública en una ‘‘segunda vuelta’’ los días 10, 11 y 12 de noviembre, agregó.

Para entonces, quizás se hayan despejado las dudas legales. Quizás.

[DIARIO LA PRENSA, SECCIÓN DE NEGOCIOS, MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 1999]
Más preguntas que respuestas
ICA PRESENTA DISEÑO DE LOS DRENAJES DEL CORREDOR SUR Finalmente, ICA toma la palabra... para decir lo mismo.

La empresa mexicana que construye el Corredor Sur presentó ayer en el Instituto Smithsonian los análisis que realizan en la actualidad para el diseño y construcción de los drenajes que se utilizarán en el pedraplén del tramo marino que va desde el conocido como edificio fantasma y ATLAPA.

Como se sabe, uno de los principales puntos de discusión en la elección de soporte del Corredor Sur ha sido la interrogante: ¿pilotes o pedraplén? Expertos hidrólogos panameños y extranjeros aseguran que la opción de pilotes no anula completamente el efecto benéfico de las olas ni tienen el mismo impacto que el pedraplén sobre las corrientes, que, junto con las olas, ayudan a eliminar las aguas negras que se vierten en la bahía.

Al respecto, las explicaciones –una vez más– parecieron no ser suficientes.

Habla ICA, pero las quejas persisten

En representación de ICA asistió Agustín Corichi, especialista en ingeniería, quien explicó en un lenguaje técnico –que pocos entendían– ‘‘los efectos correctivos’’ que tendrán los seis puentes y 13 alcantarillas que se colocarán entre el edifico fantasma y ATLAPA para permitir el flujo y reflujo de las aguas.

Sin embargo, Roberto Alfaro, residente de San Francisco, cuestionó la suerte de las áreas que no están al frente de los cajones y que corren el riesgo de sufrir graves efectos ambientales por la acumulación de lama y sustancias contaminantes en las aguas de la bahía.

De acuerdo con Corichi, actualmente hay 43 descargas cloacales que ayudarán a a la remoción de la lama.

Dudas al respecto no faltaron.

Juan Ameglio, residente del edifico Horizonte –uno de los más afectados por la construcción del Corredor Sur– objetó la explicación de Corichi. Ameglio advirtió que el volumen de las 43 descargas no será el mismo dentro de 30 años, que es el periodo que dura la concesión administrativa del Corredor Sur en manos de ICA.

Aunque la reunión significa que es el primer paso para la concertación del diálogo entre ICA y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, algunos de sus miembros consideran que en la misma no se trató nada nuevo y que sólo sirvió para evidenciar que todo el trabajo de investigación sobre el tramo marino aún está pendiente.

Es decir, que una vez más se evidencia que ICA no realizó un estudio hidrológico sobre el Corredor Sur, según Lina Vega, vicepresidente de la Fundación. Por su lado, Roberto Eisenmann, presidente de la Fundación, dijo que los estudios que ahora ICA está realizando se hacen después de las conversaciones sostenidas con el Banco Mundial (BM) y la IFC –brazo financiero del BM–.

Asimismo, Eisenmann cuestionó la ausencia de los planos finales del tramo marino del Corredor y explicó que tal acción no hace más que incrementar las dudas en la población sobre la credibilidad del megaproyecto de 222 millones de dólares.

Alfaro reprochó la acción desobediente de ICA de continuar con los trabajos nocturnos a pesar de que existe una orden que los prohíbe. Asimismo, cuestionó el futuro del Parque Rotario –diagonal a ATLAPA– y dijo desconocer qué tipo de compensación ofrecerá ICA por el mismo, en caso que también desaparezca.

Finalmente, Mirei Endara, directora de la Autoridad Nacional del Medioambiente (ANAM), se comprometió a hacer una ayuda memoria de la reunión, la cual se repartirá entre los asistentes y aseguró que estará ‘‘pendiente’’ del estudio que ICA presentará el 20 de enero próximo.

A la reunión también asistieron, además de los mencionados, moradores de San Sebastián, Coco del Mar y San Francisco, representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del Ministerio de Salud, entre otros.