MANIFIESTO
A la opinión pública nacional
Los suscritos, ciudadanos panameños preocupados por la pretensión oficialista de imponer, contra la voluntad popular y los principios de la democracia, la reelección presidencial inmediata, hacemos por este medio un llamado urgente a los gremios y asociaciones profesionales y cívicas, como también, muy especialmente, a los ocho partidos políticos que se han declarado en oposición al gobierno, para que de una vez por todas asuman plenamente la responsabilidad que les compete en la lucha contra esta nefasta iniciativa gubernamental.
Como lo han explicado numerosos analistas de nuestra política, la reelección presidencial inmediata es altamente nociva para el desarrollo político del país y la institucionalización de la democracia, objetivo por el cual luchó el pueblo panameño, con encomiable vigor, durante la pasada década.
Imponer la reelección presidencial inmediata en nuestro medio, en que una todavía endeble corriente democrática intenta arraigarse frente a la prevaleciente cultura de la autocracia, el clientelismo, el juega-vivo y el botín, equivale a instituir privilegios electorales injustificados en favor del presidente-candidato; a invitar al abuso del Poder Ejecutivo, la Fuerza Pública y los recursos del Estado, en detrimento de las libertades civiles y los derechos humanos; a promover el caudillismo y la perpetuación de un grupo minoritario en el poder; y a sobreponer, a la voluntad mayoritaria de la población, el capricho de un gobernante y su muy reducido círculo de simpatizantes.
A pesar de los peligros patentes de la reelección presidencial inmediata, ni la sociedad civil ni los partidos políticos de oposición han sabido organizarse con efectividad para echar por tierra tan perniciosa iniciativa. Se ha perdido tiempo valioso, durante el cual, con organización y eficiencia, ya se habría podido derrotar la pretendida reforma constitucional, en la misma Asamblea Legislativa, con el consecuente ahorro, para la sociedad panameña, del desgaste político y los varios millones de balboas que la celebración de un referéndum sobre este tema conllevará.
Por ello es que principalmente dirigimos nuestro llamado a la dirigencia de los ocho partidos de oposición -Partido Arnulfista, Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Partido Liberal, Partido Demócrata Cristiano, Movimiento de Renovación Nacional, Partido Renovación Civilista, Partido Nacionalista Popular y Movimiento Papa Egoró- y, en especial, a los legisladores de estos partidos en la Asamblea Legislativa, para que asuman de una vez por todas, sin más vacilaciones infundadas, el deber constitucional y patriótico que les compete de representar la opinión mayoritaria del pueblo panameño, que adversa la reelección presidencial inmediata y rechaza los planes autocráticos del actual gobierno.
Para ello, ciertamente, les paga elevados salarios el pueblo panameño a los legisladores: para que, como abanderados de la justicia, la democracia y la libertad, se enfrenten con energía al autoritarismo y la arbitrariedad.
Exhortamos a los partidos políticos y los legisladores de oposición, así como a los dirigentes de la sociedad civil, a que organicen cuanto antes una Gran Movilización Nacional contra la Reelección, con el fin de librar la batalla contra la reelección presidencial inmediata en la Asamblea, en los medios de comunicación, en los foros populares, intelectuales y profesionales y en las calles y avenidas de la República entera. No podemos darnos el lujo de que la codicia de un grupo minoritario dé al traste con las aspiraciones democráticas del pueblo panameño. Ha llegado el momento de la movilización, y corresponde a los líderes políticos y de la sociedad civil encabezarla.
Panamá, 6 de mayo de 1998
La comunidad panameña en el exterior puede suscribirse cibernéticamente al Manifiesto: Envíe un mensaje titulado‘`Firmo Manifiesto’’ a: VotaNO@Hotmail.com. Ponga su nombre y ciudad donde reside; si desea, agregue su título y número de cédula.
Para suscribirse en Panamá: Envíe una breve nota con la misma información a los números de fax 269-5301 o 269-8675.
Imprima este Manifiesto y envielo por fax a quienes conozca.
Para mayor información, diríjase a esos números de fax o a la ya mencionada dirección electrónica (VotaNO@Hotmail.com).
A poco más de un mes de la celebración del referéndum para determinar si se reforma la Constitución con miras a permitir la reelección inmediata del presidente de la República, nos dirigimos a las organizaciones de promoción y protección de los derechos humanos, tanto en Panamá como en el extranjero, para manifestar nuestra preocupación por las violaciones a los derechos políticos y humanos del pueblo panameño.
Desde que en 1995 se hizo pública la intención del actual presidente, Ernesto Pérez Balladares, de reelegirse en el cargo, se ha suscitado en Panamá el uso escandaloso de los recursos del Estado para promover la postura reeleccionista. Dicho uso es totalmente ajeno a nuestra tradición constitucional y constituye una grave violación al principio de igualdad política, criterio fundamental del sistema democrático, por cuanto concede ventajas insuperables al gobierno en la promoción de su agenda reeleccionista.
La situación se ha agravado desde que, a fines de mayo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional y convocó a la ciudadanía a un referéndum, fijado para el 30 de agosto de 1998. Aunque el Tribunal Electoral prohibió el uso de inauguraciones de obras públicas y de vehículos y demás recursos del Estado para promover la reelección, continúa el aprovechamiento de los cargos oficiales y bienes del Estado en favor de la postura oficialista. Entre los casos más notorios, que no han sido investigados o sancionados por las autoridades competentes (Asamblea Legislativa, Tribunal Electoral, Fiscalía Electoral), están los siguientes:
El desarrollo, por parte del presidente de la República, de una intensa campaña política, tanto en Panamá como en el extranjero, para promover su propia reelección, a pesar de que dicha acción está explícitamente prohibida por los artículos 173 y 186 de la Constitución vigente.
El otorgamiento de ``licencias sin sueldo'' a cuatro ministros de Estado para dedicarse a promover la reelección, ``licencias'' que han sido declaradas legales por el Tribunal Electoral, aun cuando resulta obvio que, en vista de que dichos funcionarios públicos reasumirán sus cargos el 31 de agosto, están en capacidad de procurar ventajas injustas en favor de la campaña reeleccionista.
La entrega condicionada de materiales de construcción y subsidios habitacionales a través del Programa de Asistencia Rápida para Vivienda de Interés Social (PARVIS), financiado en un 50% por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La distribución condicionada de bolsas de comida, donadas por el Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno de la República de China, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Despacho de la Primera Dama de la República.
El acaparamiento del transporte público por parte de los partidos oficialistas en la fecha del referéndum (30 de agosto).
Como resulta obvio, estas acciones violan el principio de igualdad de condiciones para la promoción de todas las alternativas, sobre el cual descansa el sistema democrático. A lo anterior se añaden otros hechos que hacen dudar de que el referéndum del 30 de agosto vaya a tener un carácter verdaderamente democrático y transparente, a saber:
El Tribunal Electoral no ha reaccionado a la solicitud de verificación de su sistema de cómputo que hiciera públicamente el exmagistrado Guillermo Márquez Amado. Esta verificación permitiría tranquilizar a la población en torno a las denuncias de irregularidades en el padrón electoral, realizadas por partidos políticos de oposición.
Persisten las dudas sobre la calidad de los observadores extranjeros invitados a vigilar la transparencia del referéndum y la efectividad del trabajo que éstos puedan llevar a cabo. Aunque se ha autorizado a los partidos y organizaciones cívicas a invitar a observadores de su confianza, en las invitaciones oficiales cursadas por el Tribunal Electoral parece haber primado lo protocolar sobre lo sustancial.
El diseño de la boleta de votación parece innecesariamente complicado, lo que aumenta las probabilidades de que el votante se confunda y se anule su voto.
El cierre de las mesas de votación ha sido dispuesto para las tres de la tarde, cuando la tradición panameña ha sido de permitir la votación hasta las cuatro de la tarde, para asegurar mayor afluencia de sufragantes.
Estos hechos no pueden sustraerse del contexto legal, autoritario y restrictivo de la libertad de expresión, que prevalece en Panamá, en que la Constitución, el Código Penal y las leyes de prensa contemplan penas de encarcelamiento por ``faltar el respeto'' a funcionarios con mando y jurisdicción y por calumnia e injuria, y supeditan el ejercicio del periodismo a quienes gocen de una supuesta ``idoneidad'' conferida por el Estado.
A lo anterior no podemos dejar de agregar el anteproyecto de reformas al Código Penal, recientemente redactado por una comisión nombrada por el presidente de la República, que aumenta las penas vigentes o instituye nuevas penas de cárcel por ``delitos'', como la divulgación de noticias ``que pongan en peligro la economía nacional o el crédito público'', la revelación de ``secretos políticos, diplomáticos o militares referentes a la seguridad del Estado'' y la ``ofensa o ultraje público'' al presidente o vicepresidentes de la República.
Con estos señalamientos hacemos pública nuestra denuncia del carácter anti democrático del proceso electoral conducente al referéndum y de la indiferencia de las autoridades competentes a los hechos aquí expuestos. Deseamos también llamar la atención de los organismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, cuya colaboración puede resultar determinante para corregir el rumbo equivocado que hasta ahora ha llevado el proceso previo al referéndum del 30 de agosto.
Actividades contra la Reelección | El Denunciante